Declaración Santiago Maldonado

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En una reciente Declaración emitida por nuestra Red en el marco de su VIII Reunión Internacional, celebrada en San José de Costa Rica (3-7 de abril de 2017), reiteramos nuestro apoyo y solidaridad con las víctimas de los procesos sistemáticos de represión que tienen lugar en los distintos territorios de América Latina, en un marco de impunidad creciente, y demandamos de los gobiernos de la región acciones concretas para detener estos procesos, garantizar el derecho a la protesta y la seguridad de la ciudadanía, esclarecer los crímenes y ejercer la justicia. Repetimos aquí parte del texto  , por su pertinencia en referencia al objeto puntual de esta Declaración:

Denunciamos que el uso de la violencia por parte de los distintos estados latinoamericanos, en relación a la gestión del agua, se trata de una práctica intencionada y sistemática contra activistas, sindicalistas, defensores de derechos humanos, académicos, estudiantes, comunidades y grupos que resisten el despojo de sus territorios. El uso de la violencia, para acallar denuncias, afectaciones e injusticias hídricas, es entonces un patrón en América Latina, y revela el volumen de los intereses políticos y económicos que están detrás de la gestión del agua; generando, por la vía de los hechos una presunta “guerra de baja intensidad”. […] exigimos a los gobiernos, el esclarecimiento inmediato de los diversos crímenes cometidos contra activistas, sindicalistas, defensores de derechos humanos, académicos, estudiantes, comunidades y grupos que resisten el despojo de sus territorios; con el correspondiente castigo a sus autores materiales e intelectuales.

Declaración del Plenario de la VIII Reunión de la Red WATERLAT-GOBACIT, “Agua, poder e impunidad: resistencias sociales y alternativas emergentes en la construcción de políticas del agua igualitarias e inclusivas”, San José de Costa Rica, 6 de abril de 2017. Disponible en: http://waterlat.org/es/encuentros/public-meetings/waterlat-gobacit-viii-san-jose-2017/justificacion.

Lamentablemente, los procesos que involucran el uso de la violencia sistemática por parte de los estados contra las comunidades originarias, activistas, periodistas, sindicalistas, académicos y estudiantes, y otros actores involucrados en la defensa de los territorios, de la tierra y el agua, de los bienes comunes y de los bienes públicos, y de los derechos humanos más ampliamente, continúan con altos grados de impunidad en la región. El caso de Santiago Maldonado, un joven activista de 28 años desaparecido el 1 de agosto de 2017 mientras participaba en una movilización de apoyo a la comunidad indígena mapuche Pu Lof, en el departamento de Cushamen, provincia de Chubut, en la región patagónica de Argentina, es una de las últimas manifestaciones de este proceso.

Cabe destacar que la lucha de la comunidad mapuche, que en diferentes formas tiene lugar en Argentina y en Chile simultáneamente, además de ser parte de un proceso de reivindicación histórica de las comunidades originarias de la región tiene como contexto la profundización de la apropiación de tierras, aguas y recursos naturales por parte de grandes empresas transnacionales e inversores privados en décadas recientes. El caso particular de la comunidad indígena mapuche Pu Lof se relaciona con un conflicto originado durante la década de 1990, cuando en el marco de las reformas neoliberales introducidas por el ex Presidente Carlos Saúl Menem la empresa multinacional de origen italiano Benetton adquirió 900 mil hectáreas de tierra en la región, convirtiéndose en el mayor terrateniente del país, un caso ampliamente estudiado y comentado tanto en Argentina como internacionalmente (ver, por ejemplo, “Patagonia: the last place in earth”, en el libro de Fred Pearce, The Land Grabbers: The New Fight Over Who Owns the Earth, Bosto, MA: Beacon Press, 2008). Desde el año 2015, un grupo mapuche tiene ocupada una sección de la propiedad de Benetton, como parte de su lucha por la recuperación de sus tierras ancestrales y el reconocimiento de sus derechos. Otro tema que añade preocupación es el análisis hecho por las instituciones defensoras de los derechos humanos en la Argentina, que advierten la posible conexión entre la violencia represiva ampliada de las últimas semanas y la disputa pendiente de resolución en el Congreso Nacional en torno a la Ley 26.160 que declaró “la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país”, sancionada en el año 2006, prorrogada en 2009 y 2013, la cual suspende el desalojo de comunidades indígenas, que según el Censo Nacional de 2010 alcanzarían una población de cerca de 1 millón de personas. El período de emergencia declarado por la ley, tras las prórrogas vence el 23 de noviembre de 2017 y según los analistas existe fuerte presión por parte de poderosos grupos privados para que la misma sea prorrogada indefinidamente, algo que consideran favorece sus intereses en el largo plazo, debido a la inefectividad de dicha ley para proteger los derechos de las comunidades originarias.

En perspectiva, la represión contra la comunidad mapuche Pu Lof el 1 de agosto de 2017, con la desaparición de Santiago Maldonado, se suma a una larga lista de eventos de represión y desaparición forzada organizados y justificados por los estados de la región. Sin embargo, en aspectos muy importantes, el caso de Santiago Maldonado asume una relevancia muy significativa, debido al papel jugado por la Argentina en décadas recientes en la lucha contra las violaciones a los Derechos Humanos, un papel destacado y reconocido internacionalmente, pero que en el contexto político actual parece encontrarse en serio peligro. La desaparición forzada de Santiago Maldonado es parte de una serie de eventos que indican que la Argentina podría encontrarse en un proceso de rápido retroceso en relación a la defensa de los Derechos Humanos, el respeto al Estado de Derecho y a las garantías democráticas. En este sentido, las instituciones de derechos humanos de la Argentina se han movilizado rápidamente para demandar el esclarecimiento de los hechos por parte del Estado Argentino y la aparición de Santiago Maldonado, lo que incluyó una marcha masiva en distintas ciudades de Argentina el viernes 1 de septiembre de 2017, que incluyó actos de represión policial contra manifestantes y periodistas y maniobras mediáticas por parte de las autoridades para desacreditar el carácter genuino de la movilización. Más recientemente, el Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas anunció una Acción Urgente para exigir información sobre el paradero de Santiago Maldonado y la investigación de los hechos por parte del Estado Argentino.

 

Por lo tanto:

Reiteramos nuestra denuncia del uso de la violencia por parte de los estados latinoamericanos como una práctica intencionada y sistemática contra activistas, sindicalistas, defensores de derechos humanos, académicos, estudiantes, comunidades y grupos que resisten el despojo de sus territorios.

Exigimos al gobierno de la República Argentina y a la empresa multinacional Benetton que aclaren la situación de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, e implementen acciones urgentes para resolver definitivamente el conflicto por la tierra, el agua y los recursos naturales que afecta a las comunidades originarias en la Patagonia.

También reiteramos nuestra demanda a las instituciones internacionales que continúan apoyando las políticas de apropiación privada del agua, de la tierra y de los recursos naturales, como el Foro Económico Mundial, el Foro Mundial del Agua, y las instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial, para que cesen en su promoción activa y/o el financiamiento de políticas de privatización y mercantilización de dichos bienes, políticas que constituyen el origen de gran parte de la violencia que afecta a las comunidades de América Latina.

Finalmente, reiteramos también nuestra exigencia a los gobiernos de la región por el esclarecimiento inmediato de los diversos crímenes cometidos contra activistas, sindicalistas, defensores de derechos humanos, académicos, estudiantes, comunidades y grupos que resisten el despojo de sus territorios; con el correspondiente castigo a sus autores materiales e intelectuales.

Red WATERLAT-GOBACIT, 8 de septiembre de 2017