Declaración de la VIII Reunión Internacional

El documento está compuesto por una Declaración General, complementada con cuatro Declaraciones específicas para los casos de Costa Rica, Brasil, Colombia y México.

Declaración General

Agua, poder e impunidad: resistencias sociales y alternativas emergentes en la construcción de políticas del agua igualitarias e inclusivas

La relación entre las desigualdades sociales estructurales, el control del agua y la acumulación de poder social en sus diversas manifestaciones, poder cultural, económico, epistémico, político y otros, es un hecho firmemente establecido por una larga tradición en las ciencias sociales que se remonta por lo menos hasta el Siglo XVIII. Lamentablemente, nuestro amplio conocimiento sobre el tema, y en particular sobre los mecanismos concretos que dan cuenta de los procesos de producción de la desigualdad y la injusticia en relación al acceso y al control del agua en sus diversos aspectos, no se ha traducido en una mayor capacidad de las sociedades humanas para revertir esos procesos e instalar en su lugar formas sociales más igualitarias, racionales y democráticas de relacionamiento con el agua y, a través del agua, con las demás especies y el resto de la naturaleza.

En realidad, la evidencia creciente sugiere que, en relación a la política y la gestión del agua, nos encontramos en una etapa de profundización y aceleración de los procesos de acumulación de poder social fundados en el control estructuralmente desigual del agua a nivel planetario, lo cual se expresa, entre otros temas, en la producción artificial de la escasez, en el avance de la mercantilización del agua y sus servicios, en la generación antropogénica de desastres de diversos tipos conectados con la gestión del agua y sus consecuencias negativas que inequitativamente afectan en forma recurrente a los sectores más vulnerables, en el desplazamiento forzado o inducido de poblaciones enteras sujetas a la expropiación o inutilización, por diversas razones, de sus fuentes de agua, entre muchos otros temas de gran relevancia social. En América Latina y Caribe, estos procesos tienen lugar en el marco de la profundización de la subordinación de las economías regionales al modelo primario-exportador, lo que incluye una reprimarización de aquellas economías que en décadas anteriores habían logrado alcanzar algún grado de desarrollo diversificador. En este sentido, desde la década de 1990, la región se ha convertido en un gran campo experimental del avance de las actividades extractivistas, incluyendo la minería a cielo abierto a gran escala, la agricultura transgénica y de monocultivos con su paquete tecnológico de monopolización de la producción de semillas y de agroquímicos (frecuentemente denominados agrotóxicos debido a su impacto socio-ecológico) y la construcción masiva de grandes obras de infraestructura, entre otros temas cruciales.

Por una parte, los procesos de producción y reproducción de desigualdades estructurales en relación al control y al acceso a las fuentes de agua y a los servicios relacionados con el agua son frecuentemente manifiestos, claramente visibles, muchas veces en forma brutal. Esto acontece, por ejemplo, a través del desvío de ríos privando de agua a las poblaciones para dar provisión a explotaciones extractivas como la minería a gran escala o la producción de hidrocarburos por medio de las tecnologías de fractura hidráulica (fracking). También acontece a través de la construcción frecuentemente inconsulta, sin considerar adecuadamente sus impactos sociales y ecológicos, de obras de infraestructura masiva que generan profundas transformaciones en nuestras sociedades y que son implementadas en ausencia de controles democráticos apropiados. Ejemplos de esto en Centroamérica y México son el Proyecto Mesoamérica (previamente conocido como Plan Puebla-Panamá), y en Sudamérica la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA). También, acontece a través de la expansión generalizada de la agricultura o la eliminación de políticas públicas fundadas en la noción de derechos sociales para convertir el agua en una mercancía, por ejemplo a través de la privatización y la mercantilización de los servicios esenciales de agua y saneamiento en las ciudades, para dar solamente unos pocos ejemplos destacados. Sin embargo, y en gran medida, la producción y reproducción de desigualdades se ha instalado históricamente a través de formas que tienden a pasar desapercibidas y que con frecuencia han sido internalizadas, hasta naturalizadas, por las poblaciones humanas, muchas veces siendo sancionadas institucionalmente, como es el ejemplo del racionamiento inequitativo del acceso y la inaceptable calidad del agua suministrada para consumo humano a los que se encuentran expuestos amplios sectores de la población, con un efecto negativo desproporcionadamente elevado sobre los sectores más vulnerables.

En relación con lo anterior, el papel, implícito o explícito, de la producción de conocimiento científico en la invisibilización, cuando no en la justificación y naturalización de la desigualdad estructural en relación al agua, es también un factor fundamental en estos procesos. Por ejemplo, tenemos el caso de científicos, cuando no de departamentos y hasta disciplinas, enteramente abocados a cumplir el rol de intelectuales orgánicos del proceso de monopolización del control del agua y de los servicios relacionados al servicio de la acumulación privada de capital en lugar de contribuir a la distribución socialmente igualitaria de los beneficios derivados del uso del agua y de la protección contra las amenazas y peligros asociados con este elemento, se trate de desastres, epidemias u otros fenómenos que regularmente afectan a las poblaciones humanas. También, caben resaltar los reduccionismos y determinismos prevalecientes, particularmente aunque no sólo en las disciplinas tecno-científicas, que continúan obstaculizando el avance de la re-integración del conocimiento y el desarrollo de niveles más elevados de coordinación interdisciplinaria que permitan hacer observables las interrelaciones entre los procesos de producción y reproducción de la desigualdad estructural en relación al agua y sus manifestaciones fenoménicas en la forma de la pobreza, la destitución, la vulnerabilidad, la indefensión, la marginalidad, y la exclusión, entre otros aspectos relevantes. El peso del determinismo y el reduccionismo tecnocéntricos se manifiesta con fuerza, por ejemplo, en la dirección que se imprime internacionalmente a la política científica y en la formulación de políticas públicas. Valgan como ejemplo los magros resultados concretos obtenidos por la XXI Conferencia sobre Cambio Climático celebrada en diciembre del 2015 en París, que más allá de las excelentes declaraciones de buenas intenciones tendieron a consolidar la promoción de soluciones tecnocéntricas y mercantilistas, al mismo tiempo que las decisiones tomadas en relación a las medidas necesarias para reducir el calentamiento global se limitaron a una expresión de buenas intenciones, no vinculante para los países.

Esto tiene graves consecuencias potenciales para América Latina y Caribe, y muy particularmente para Centroamérica, dado el impacto catastrófico creciente de los efectos del cambio climático en la región, con la intensificación de diversos procesos como los cambios en el régimen de lluvias, en los patrones de temperatura, en la regularidad e intensidad de fenómenos climáticos extremos, o en el aumento del nivel del mar, que tienen un efecto desproporcionadamente negativo sobre los sectores más vulnerables. Lamentablemente también, los encierros y reduccionismos disciplinarios, que frecuentemente para muchos científicos incluso dentro del campo progresista constituyen refugios, zonas de confortabilidad, se constituyen en trampas epistémicas y, dadas las consecuencias sociales resultantes, en trampas políticas, que constituyen obstáculos formidables al avance del conocimiento liberador, que permita avanzar en el desarrollo de formas sociales más igualitarias. En este sentido, deben mencionarse el reduccionismo y el determinismo cientificistas que desvalorizan, cuando no directamente rechazan, la posibilidad del diálogo de saberes y de la transdisciplinaridad, es decir, que se aferran a un modelo elitista y conservador de la ciencia e impone una visión jerárquica, excluyente, del proceso de producción social del conocimiento que niega la necesidad de promover la co-construcción del conocimiento involucrando activamente a los actores no científicos, particularmente cuando se trata de los grupos sociales afectados por las desigualdades e injusticias relacionadas con el control y la gestión del agua en sus distintas formas. Esta visión elitista de la ciencia, aún en los casos en que adopta formas benignas, paternalistas, hasta nominalmente progresistas, constituye un obstáculo epistemológico y político formidable para el desarrollo de formas sociales más igualitarias y democráticas y contribuye a la producción y reproducción de desigualdades estructurales en este campo.

Históricamente, los procesos que producen y reproducen desigualdades estructurales en relación al control y al acceso al agua se han constituido en fuentes de conflictos y de luchas sociales, muchas veces dando lugar a procesos de cooperación y democratización de la gestión del agua, pero con mucha frecuencia también llevando a la profundización de las formas de acumulación monopólica de poder social y a la expropiación de amplias mayorías de seres humanos de sus condiciones materiales de sobrevivencia, incluyendo la negación tácita, cuando no explícita, del acceso a los pocos litros diarios de agua limpia necesarios para una vida mínimamente digna. La discusión sobre estos y otros problemas relacionados con el agua, y en particular de los procesos y actores sociales relacionados con la acumulación de poder en relación al control y la gestión del agua y sus servicios, difícilmente encuentra espacio en el debate público y, cuando lo hace, tiende a ser marginalizada y postergada por diversos métodos. En realidad, el intento de llevar este debate al espacio público, un intento frecuentemente liderado por las poblaciones afectadas y por actores solidarios, como son los movimientos sociales, las organizaciones civiles de distinto tipo (ONGs, entidades de usuarios y consumidores), los sindicatos, académicos comprometidos, representantes políticos sensibles al problema, entre otros, con demasiada regularidad se convierte en un ejercicio riesgoso, sujeto a la intimidación, a las agresiones verbales y físicas, sistemáticamente en un marco de gran impunidad. Esto suele expresarse en la criminalización, represión y, en el extremo, asesinato sistemáticos de quienes luchan para frenar y revertir dichas desigualdades e injusticias. La región centroamericana es uno de los lugares del planeta en el que estos procesos se manifiestan con fuerte intensidad, como lo ilustra crudamente el asesinato de la militante ambiental Berta Cáceres en Honduras el 3 de marzo de 2016 y la posterior detención injustificada del único testigo del asesinato, el también militante ambiental Gustavo Castro, de México, finalmente liberado por el gobierno hondureño en el mes de abril del mismo año. Del mismo modo, la represión y asesinato sistemático de líderes sindicales conectados con la defensa del agua y de sus servicios en la región, una de las más peligrosas del planeta para el ejercicio del sindicalismo, constituyen una de las amenazas permanentes que confronta el proceso de democratización de nuestros países. Estos ejemplos son en realidad, y lamentablemente, la punta del iceberg de una situación estructural, que por otra parte no se limita a Centroamérica sino que está presente en distintas formas y medidas a lo largo y a lo ancho de América Latina, así como también en muchos otros países.

Por lo tanto

  • Denunciamos que el uso de la violencia por parte de los estados latinoamericanos, en relación a diferentes aspectos de la política y la gestión del agua, con excesiva frecuencia se trata de una práctica intencionada y sistemática contra activistas, sindicalistas, defensores de derechos humanos, académicos, estudiantes, periodistas, comunidades y grupos que resisten el despojo de sus territorios, incluyendo el agua de que disponen. El uso de la violencia para acallar denuncias sobre afectaciones e injusticias hídricas por parte de los estados y otros actores que ejercen el poder en los territorios constituye un patrón en América Latina, que revela la influencia de los intereses políticos y económicos que están detrás de la política y la gestión del agua. Los altos niveles de violencia resultantes generan, por la vía de los hechos, una presunta “guerra de baja intensidad” contra las poblaciones de la región.
  • Exigimos a los gobiernos, a las corporaciones multinacionales y a sus distintas expresiones como el Foro Económico Mundial y el Foro Mundial del Agua, a las instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial, y a otros actores que detentan el poder en relación a las formas dominantes de política y gestión del agua, que cesen en su promoción activa y financiamiento de políticas de privatización y mercantilización de los servicios públicos de agua y saneamiento, los cuales son origen de gran parte de la violencia que se expresa en torno al uso, consumo y distribución del agua.
  • También exigimos a los gobiernos y otros grupos de poder que abandonen los intentos en marcha que buscan subordinar la producción de conocimiento científico sobre el agua a la acumulación privada de ganancia. Por el contrario, deben ser garantizados tanto la autonomía de la comunidad científica en la producción de conocimiento así como también el financiamiento necesario para que las instituciones públicas de investigación y docencia concentren sus objetivos en la producción de conocimiento orientado a contribuir a la construcción de sociedades igualitarias, incluyentes y democráticas, en las que la política y la gestión del agua estén subordinadas a la distribución social de la riqueza, incluyendo la riqueza hídrica, y a garantizar el bienestar y la sustentabilidad de los ecosistemas, de los seres vivos, y de las sociedades humanas.
  • Rechazamos el Acuerdo de Comercio de Servicios (TISA, por sus siglas en inglés), así como el Acuerdo Transpacífico (TTP), por cuanto estos constituyen claras amenazas al estatus de los servicios de agua y saneamiento como derechos y como bienes públicos y sociales, cuyo acceso debe ser garantizado por el Estado y su gestión sujeta al control democrático. TISA y TTP son instrumentos que se busca implementar para profundizar los procesos de apropiación privada de las fuentes de agua y, en general, de los bienes de la naturaleza, de los seres vivos, y de la biodiversidad planetaria y su mercantilización, incluyendo a los servicios esenciales de agua y saneamiento. Exigimos el respeto a los derechos fundamentales, incluyendo el derecho al agua, a los servicios esenciales de agua y saneamiento, a la salud, y en general el derecho a la vida.
  • Ante los hechos ocurridos en Siria con el ataque ejecutado por el Gobierno de los Estados Unidos el jueves 6 de abril de 2017, queremos manifestar nuestro absoluto rechazo a la intervención militarista como instrumento en la resolución de conflictos, especialmente cuando se trata de acciones unilaterales, ejecutadas fuera del marco del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Hacemos un enfático llamado por el diálogo, la paz y la urgencia de garantizar el pleno cumplimiento de los derechos humanos en la región.*
  • Asimismo, pedimos a los gobiernos de América Latina, particularmente al gobierno de Costa Rica, que se pronuncien contra este unilateral ataque ejecutado fuera del marco del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.*
  • Finalmente, exigimos a los gobiernos de América Latina el esclarecimiento inmediato de los diversos crímenes cometidos contra activistas, sindicalistas, defensores de derechos humanos, académicos, estudiantes, periodistas, comunidades y grupos que resisten el despojo de sus territorios. El esclarecimiento debe ser seguido del correspondiente castigo a sus autores materiales e intelectuales. Exigimos que se garantice el derecho a la protesta y a otras acciones legítimas orientadas a proteger las fuentes de agua y las condiciones materiales de vida de las poblaciones humanas, y que se otorgue la protección necesaria para frenar estos procesos sistemáticos de represión, persecución y asesinato.*

 

Plenario de Cierre de la VIII Reunión de la Red WATERLAT-GOBACIT, San José, Costa Rica, 6 de abril de 2017

Plenario del Conversatorio Público de la VIII Reunión de la Red WATERLAT-GOBACIT, San José, Costa Rica, 7 de abril de 2017

 

*Estos últimos tres párrafos de la Declaración fueron agregados por el Plenario del Conversatorio Público de la VIII Reunión de la Red WATERLAT-GOBACIT, San José, Costa Rica, 7 de abril de 2017

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Declaración sobre la Situación del Agua en Costa Rica

En el marco de la realización de la VIII reunión de la Red WATERLAT GOBACIT en San José, Costa Rica, cuyo tema principal es: “Agua, poder e impunidad: resistencias sociales y alternativas emergentes en la construcción de políticas de agua igualitarias e inclusivas”, los sectores académicos, representantes del sector público, lideresas y líderes de comunidades, sindicales y ambientalistas deseamos manifestar que nos preocupan y ocupan los siguientes temas:

  • La falta de legislación nacional moderna en el tema del agua, pues la ley de aguas vigente data de 1942, lo cual implica que actualmente no considera una visión de manejo integrado desde la cuenca hidrológica, el uso prioritario del agua para consumo humano y la participación ciudadana. Esta situación ha intensificado los conflictos por el agua que sufren las comunidades locales y que se relacionan especialmente con la expansión piñera, la presión por la instalación de hidroeléctricas y la urbanización descontrolada.
  • La deficiente y en algunos casos nula planificación del territorio costarricense, que ha provoca cambios extremos de uso del suelo, con la consecuente deforestación, alteración de ecosistemas, perdida de la biodiversidad, disminución de la capacidad hídrica de las fuentes de agua potable, así como su vulnerabilidad ante la contaminación y la preponderancia de intereses privados sobre el bienestar colectivo.
  • Las necesidades de saneamiento en el país, pues actualmente solo se trata el 8% de las aguas residuales, lo cual es un riesgo para la salud de los habitantes y su suministro de agua potable y también para los ecosistemas relacionados con ríos, arroyos, lagos y playas cercanos a las poblaciones y en los cuales se desarrollan actividades de subsistencia, turismo y producción.

 

Por lo tanto, solicitamos y proponemos

  • A los diputados de Asamblea Legislativa, la discusión en segundo debate y aprobación del expediente No 17.742 “Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico”.
  • A los gobiernos locales en primera instancia, el velar por la planificación territorial donde los criterios técnicos y sociales prevalezcan para garantizar el desarrollo sustentable de las distintas actividades humanas en los cantones, así como la protección de los ecosistemas presentes. También a la academia, instituciones del gobierno competentes, trabajadoras y trabajadores y sociedad civil en general, estar alerta en este tema y trabajar en conjunto para la solución de conflictos derivados del inadecuado ordenamiento del territorio.
  • A las autoridades actuales y futuras del AyA, Ministerio de Salud y Misterio de Ambiente, seguir velando por el cumplimiento la legislación actual relacionada con el saneamiento, así como ejecutar los lineamientos definidos en la Política Nacional de Saneamiento de Aguas Residuales y los planes de inversión en este tema a corto, mediano y largo plazo. A la academia, gobiernos locales, trabajadoras y trabajadores y sociedad civil en general promover acciones de saneamiento desde su ámbito de acción, así como el desarrollo de una cultura de protección, ahorro, recolección y tratamiento del agua residual.
  • A toda la comunidad nacional e internacional, acompañar respetuosa y solidariamente las luchas comunitarias en defensa del agua como bien colectivo y derecho humano.

 

Plenario de Cierre de la VIII Reunión de la Red WATERLAT-GOBACIT, San José, Costa Rica, 6 de abril de 2017

Plenario del Conversatorio Público de la VIII Reunión de la Red WATERLAT-GOBACIT, San José, Costa Rica, 7 de abril de 2017

 

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A Propósito del Proceso de Paz en Colombia

Luego de las discusiones y análisis realizados en la VIII Reunión de la Red WATERLAT-GOBACIT llevada a cabo en San José de Costa Rica, y tomando en cuenta el actual proceso de implementación del Acuerdo de Paz en Colombia, los participantes que asistimos a este destacado evento del pensamiento crítico latinoamericano en temas de agua, ambiente y justicia ambiental, declaramos que:

  • La implementación del Acuerdo de Paz en temas socio-ambientales requiere de una especial atención en aras de lograr una revitalización del campo colombiano con estrategias de desarrollo humano sustentable incluyentes que reduzcan las brechas históricas de desigualdad.
  • El anhelado logro de La Paz por todos los colombianos es un bien superior indiscutible. Sin embargo, los territorios liberados por el conflicto armado, que contienen valiosos bienes naturales, son ahora objeto de diversos intereses económicos nacionales y transnacionales, lo cual constituye una amenaza para la integridad de nuestros ecosistemas y la preservación del bien común de nuestras comunidades ancestrales, campesinas y de la sociedad en general.
  • El anhelo de un mayor desarrollo económico para el país basado en el extractivismo de materias primas implica la explotación de nuestra base de bienes naturales, con potenciales efectos adversos en la salud humana y de los ecosistemas. Por lo tanto, el logro de un desarrollo humano sustentable requiere que el estado colombiano asuma una postura ética que privilegie el buen vivir y la salud de todos los habitantes, por encima de los intereses privados de rentabilidad y eficiencia económica.

Exigimos por lo tanto

  1. Respetar y tomar en cuenta la opinión de los grupos sociales potencialmente afectados en sus medios de vida mediante una efectiva participación ciudadana conforme a nuestra constitución y los acuerdos de implementación de la paz.
  2. Una información transparente y oportuna sobre las distintas estrategias y proyectos de intervención en los territorios que acompañe espacios deliberativos y de concertación democrática con las comunidades.
  3. Garantizar la provisión y acceso equitativo a servicios públicos básicos (agua, saneamiento, salud, educación) como insumos sustantivos para reducir las brechas de inequidad y restituir la dignidad de miles de ciudadanos históricamente marginados. Este es un requisito fundamental para erradicación de la violencia estructural y el logro de una paz estable y duradera.
  4. Investigar y juzgar el asesinato de lideres y lideresas de procesos territoriales de defensa y cuidado de la vida en común, que despues de la firma del acuerdo evidencia una cadena de crímenes que debe ser denunciada y visibilizada frente a la impunidad y el silencio con que el estado colombiano asume esta violencia sistematica.

 

Plenario de Cierre de la VIII Reunión de la Red WATERLAT-GOBACIT, San José, Costa Rica, 6 de abril de 2017

Plenario del Conversatorio Público de la VIII Reunión de la Red WATERLAT-GOBACIT, San José, Costa Rica, 7 de abril de 2017

 

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Manifesto pelo Direito Humano à Água no Brasil

Cabe a um governo promover ações que dificultam o acesso à água da população de seu país, por meio da privatização dos serviços de acesso à água? Em geral, a privatização não considera a capacidade de carga e de reposição natural de uma bacia hidrográfica e insere o uso da água em uma visão de mercado, que define o acesso a quem pode pagar por ele. Como resultado, as camadas mais pobres da população têm menos acesso à água, além de comprometer a dinâmica do ciclo social da água, já que incentiva um maior uso dos recursos hídricos pelos grandes usuários, como empresas e centros de serviços.

No Brasil, tal situação é ainda mais grave por se tratar de um governo Federal sem legitimidade, que assumiu a partir de um golpe que combinou poderes políticos, judiciais, da grande imprensa e dos setores que dominam a produção econômica no país em detrimento do voto popular. A gestão atual, diferente dos compromissos da chapa na qual foi eleita, assumiu uma visão neoliberal do acesso aos recursos hídricos e aos demais serviços sociais, como a previdência privada e os direitos trabalhistas.

Como bem demonstra a literatura analisada nessa reunião, o acesso à água pelo modelo privado resulta em aumento do custo à população e, muitas vezes, na queda da qualidade da água, cujo tratamento acaba relegado a segundo plano em função da redução de custos. Por isso verifica-se atualmente uma tendência mundial à reestatização dos serviços.

No caso brasileiro, é fundamental destacar que, apesar do aumento da coleta de esgoto, o tratamento dos resíduos ainda apresenta um quadro incipiente. A experiência internacional mostra que as privatizações dos serviços de água não resultam em mais tratamento de esgoto.

Pelo exposto, os participantes da VIII Reunião da Rede Waterlat, reunidos em San José, Costa Rica, contestam as recentes privatizações da água verificadas no Brasil, bem como apelam para que a normalidade democrática seja retomada no país.

Plenario de Cierre de la VIII Reunión de la Red WATERLAT-GOBACIT, San José, Costa Rica, 6 de abril de 2017

Plenario del Conversatorio Público de la VIII Reunión de la Red WATERLAT-GOBACIT, San José, Costa Rica, 7 de abril de 2017

 

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Declaración sobre la Situación de México

México vive tiempos sumamente complicados que se agravan por las políticas agresivas del gobierno de Estados Unidos de América y particularmente bajo la administración del Presidente Donald Trump. Nos solidarizamos con el pueblo de México y particularmente con los millones de familias migrantes que sufren una fuerte ola de acoso mediante deportaciones, la separación de familias y la desintegración de sus comunidades. De igual forma nos preocupa la actitud, hasta ahora de sumisión, de los últimos gobiernos mexicanos, frente a la implementación de las políticas anti-inmigrantes impulsadas desde Estados Unidos. Si pedimos un trato digno a los mexicanos en los Estados Unidos, el gobierno mexicano tiene que actuar responsable y solidariamente con los pueblos centroamericanos y en particular con los migrantes que pasan o se establecen en el país.

Frente a este contexto y en particular desde los temas que nos ocupan en la VIII Reunión de la Red WATERLAT-GOBACIT reunidas en Costa Rica,

Manifestamos

  1. La exigencia de que el gobierno y las instituciones del Estado Mexicano cesen la represión y la hostilidad ejercidas contra las y los defensores de los derechos humanos, del agua y del territorio. Asimismo que actúen con seriedad en la erradicación de la impunidad que carcome el contrato social en el país, incluyendo la investigación de los crímenes cometidos contra los defensores de los derechos humanos, del agua y del territorio y conrra la ciudadanía en general.
  2. Asimismo, vemos con preocupación que el país se ha convertido en uno de los más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, como lo muestran los lamentables ataques a periodistas, ya que tan solo en el mes de marzo pasado tres periodistas fueron asesinados y otros tres se encuentran en situación crítica y batallan por sus vidas. De igual forma a la comunidad latinoamericana le preocupa el constante cierre de medios periodísticos, como Norte de Ciudad Juárez, hace pocos días. Una sociedad no puede estar en la oscuridad informativa, y el Estado tiene la responsabilidad de defender la libertad de expresión y de prensa.
  3. Dos tribunales éticos de prominencia internacional han hecho señalamientos al Estado mexicano dada la profunda devastación ambiental que afecta al país, incluyendo referencias a la amenaza de que se provoque un colapso hídrico en el país. Demandamos que el gobierno y las instituciones del Estado mexicano tomen con seriedad las recomendaciones hechas en tal sentido por el Tribunal Latinoamericano del Agua y por el Tribunal Permanente de los Pueblos.
  4. Nos preocupa enormemente la actual propuesta de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) para que se apruebe una nueva Ley General de Aguas, la cual consideramos profundamente antidemocrática y contraria al interés general de la sociedad mexicana. Por ello, pedimos a los legisladores mexicanos, de todos los partidos políticos, que consideren seriamente la iniciativa ciudadana en curso, que propone un proyecto de Ley alternativo fundado en un proceso de construcción colectiva y de consulta que lo respalda, lo cual permitirá mejorar la propuesta de Ley en discusión.
  5. Por último, consideramos que la institucionalidad en México requiere un profundo proceso de refundación constituyente. Las extremas desigualdades sociales y económicas, los niveles persistentes de pobreza, y la devastación ambiental, entre otros graves problemas, son muestras claras de la problemática forma de inserción del país en la economía global. La sociedad mexicana en su conjunto tiene un gran desafío, y pedimos a las instituciones del Estado mexicano y a las diferentes fuerzas políticas del país que se comprometan con la puesta en marcha de dicho proceso de refundación constituyente.

Plenario de Cierre de la VIII Reunión de la Red WATERLAT-GOBACIT, San José, Costa Rica, 6 de abril de 2017

Plenario del Conversatorio Público de la VIII Reunión de la Red WATERLAT-GOBACIT, San José, Costa Rica, 7 de abril de 2017

 


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